El financiamiento sostenible de los sistemas de áreas protegidas sigue siendo uno de los desafíos más desalentadores al cumplimiento de las metas de conservación en la región de América Latina y el Caribe y en todo el mundo. Las amenazas relacionadas con el financiamiento a las áreas y a los sistemas protegidos socavan, cada vez más los esfuerzos de conservación. Parques en Peligro está creando fuentes de financiamiento sostenibles (es decir, a largo plazo y confiables) para los programas de conservación mediante canjes de deuda por naturaleza, fideicomisos para la conservación, aranceles del usuario con base en el turismo y alianzas con organizaciones financieras internacionales.
Foto: Parque Internacional La Amistad/Bocas del Toro © Felipe Carazo
Por ejemplo, PeP está trabajando con la Alianza para el Financiamiento de la Conservación (Conservation Finance Alliance, CFA; http://conservationfinance.org/) — un extenso grupo de organizaciones conservacionistas internacionales y donantes— para apoyar la formación y el fortalecimiento de alianzas a nivel nacional: grupos de trabajo para el financiamiento sostenible formados por interesados diversos que pueden convocar los recursos políticos, técnicos y financieros necesarios; por ejemplo, miembros de CFA, gobiernos nacionales, unidades operativas de The Nature Conservancy y organizaciones socias locales. En particular, la estrategia se basa en la amplia capacidad de las redes regionales basadas en alianzas y en los fondos nacionales para el medio ambiente. Mediante este componente, las alianzas nacionales y los grupos de trabajo para el financiamiento de la conservación se mueven desde una primera etapa de discusiones y un marco conceptual a la planificación e implementación de planes de financiamiento sostenible para sistemas de áreas protegidas.
En países y áreas protegidas individuales, PeP apoya una variedad de mecanismos financieros, que incluyen sistemas de aranceles para el uso del agua, aranceles para los visitantes y fideicomisos para la conservación, a fin de dotar la conservación de sitios individuales o de sistemas completos de áreas protegidas. La metodología de Planificación para el Financiamiento de Sitios de PeP ha sido aplicada por muchas organizaciones para calcular los costos de manejo de áreas protegidas y determinar cómo solventarlos a largo plazo.
Los esfuerzos de conservación también dependen de una política pública favorable. Sin un marco de apoyo para la acción legislativa, los esfuerzos de conservación están destinados al fracaso. Esto implica acciones gubernamentales constructivas en áreas tales como la construcción de caminos, el manejo de parques, especies invasoras, la protección de humedales y acuerdos internacionales.
PeP ha realizado cambios innovadores en el ámbito de políticas, incluido el establecimiento de zonas de no-captura (áreas en las cuales se prohibe la pesca) y temporadas de pesca que promueven el desove exitoso y la protección de poblaciones de peces amenazados (por ejemplo, en la República Dominicana y en Baja California). El trabajo en el ámbito de políticas para establecer una base legal para la conservación de tierras privadas (por ejemplo, en Guatemala, Panamá, Ecuador y Colombia) suministra a los propietarios de tierras privadas incentivos para administrar sus propiedades para la conservación y para incluirlas en corredores biológicos entre áreas protegidas aisladas. Dado que muchos ministerios encargados de las áreas protegidas carecen del financiamiento y la experiencia necesarios para realizar su trabajo eficientemente, el trabajo de PeP para promover los acuerdos de co-manejo entre organizaciones gubernamentales y no gubernamentales ha mejorado el apoyo a muchas áreas protegidas (por ejemplo, en Guatemala, Costa Rica, Bolivia y Jamaica). PeP ha cumplido un papel fundamental en los esfuerzos para cambiar la práctica del Gobierno de México de supresión de fuegos forestales, en favor de la adopción del fuego como una herramienta en el manejo de tierras en los hábitats adecuados. |